El juicio contra YPF en Nueva York es un caso complejo que involucra la expropiaci\u00f3n de la petrolera argentina en 2012 y tiene su origen en el incumplimiento de los estatutos de la empresa, espec\u00edficamente en la falta de una Oferta P\u00fablica de Adquisici\u00f3n (OPA) tras la nacionalizaci\u00f3n. A continuaci\u00f3n, explicamos de manera clara y estructurada los puntos clave de YPF y la Jueza Prezka, el juicio, el rol de la OPA, y la participaci\u00f3n de la familia Eskenazi.<\/p>\n\n\n\n
Contexto: La expropiaci\u00f3n de YPF en 2012<\/h2>\n\n\n\n
YPF, originalmente una empresa estatal argentina, fue privatizada en los a\u00f1os 90 durante el gobierno de Carlos Menem. En 1999, la petrolera espa\u00f1ola Repsol adquiri\u00f3 el control mayoritario de YPF. En 2008, con el respaldo del gobierno de N\u00e9stor Kirchner, la familia Eskenazi, a trav\u00e9s de su empresa Grupo Petersen, ingres\u00f3 como accionista minoritario comprando un 25% de las acciones de YPF. Esta adquisici\u00f3n se realiz\u00f3 sin que los Eskenazi aportaran capital propio, utilizando pr\u00e9stamos de bancos internacionales (como Credit Suisse, Goldman Sachs, BNP Paribas, e Ita\u00fa) y de la propia Repsol, con la promesa de pagar con las utilidades futuras de YPF.<\/p>\n\n\n\n
En 2012, durante el segundo gobierno de Cristina Fern\u00e1ndez de Kirchner, el Estado argentino expropi\u00f3 el 51% de las acciones de YPF que estaban en manos de Repsol, argumentando la necesidad de recuperar el control de una empresa estrat\u00e9gica para el pa\u00eds. Esta decisi\u00f3n fue impulsada por el entonces viceministro de Econom\u00eda, Axel Kicillof, y el ministro de Planificaci\u00f3n, Julio De Vido. La expropiaci\u00f3n se llev\u00f3 a cabo mediante una ley aprobada por el Congreso argentino, pero no incluy\u00f3 una oferta para comprar las acciones de otros accionistas minoritarios, como el Grupo Petersen o el fondo Eton Park.<\/p>\n\n\n\n
El juicio: Origen y fundamentos<\/h2>\n\n\n\n
En 2015, el fondo de inversi\u00f3n Burford Capital, conocido por comprar derechos de litigio de empresas en quiebra, present\u00f3 una demanda contra el Estado argentino en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, bajo la jueza Loretta Preska. Burford adquiri\u00f3 los derechos de litigio de dos sociedades espa\u00f1olas del Grupo Petersen (Petersen Energ\u00eda y Petersen Energ\u00eda Inversora) tras la quiebra de estas en Espa\u00f1a. La demanda tambi\u00e9n incluy\u00f3 al fondo Eton Park, otro accionista minoritario de YPF en 2012.<\/p>\n\n\n\n
La demanda se basa en el incumplimiento del art\u00edculo 7\u00b0 del estatuto de YPF, establecido en 1993 cuando la empresa comenz\u00f3 a cotizar en la Bolsa de Nueva York. Este art\u00edculo obliga a cualquier entidad que adquiera m\u00e1s del 15% de las acciones de YPF a lanzar una OPA para ofrecer la compra del resto de las acciones a todos los accionistas al mismo precio. Al expropiar el 51% de Repsol, el Estado argentino no realiz\u00f3 esta OPA, lo que perjudic\u00f3 econ\u00f3micamente a los accionistas minoritarios, como las empresas Petersen y Eton Park, seg\u00fan los demandantes. <\/p>\n\n\n\n
Tras la expropiaci\u00f3n, el Estado argentino suspendi\u00f3 el pago de dividendos de YPF, que era la fuente con la que el Grupo Petersen pagaba los pr\u00e9stamos obtenidos para comprar sus acciones. Esto llev\u00f3 a la quiebra de las empresas Petersen en Espa\u00f1a, ya que no pudieron cumplir con sus deudas. Los bancos acreedores ejecutaron las acciones de YPF que ten\u00edan en garant\u00eda, dejando a Petersen sin participaci\u00f3n en la petrolera.<\/p>\n\n\n\n
La OPA que nunca se hizo<\/h2>\n\n\n\n
Una Oferta P\u00fablica de Adquisici\u00f3n es un mecanismo que obliga a quien adquiere una porci\u00f3n significativa de una empresa (en este caso, m\u00e1s del 15% seg\u00fan el estatuto de YPF) a ofrecer comprar las acciones de los dem\u00e1s accionistas al mismo precio pagado por la participaci\u00f3n mayoritaria. Esto protege a los accionistas minoritarios, asegur\u00e1ndoles una salida justa en caso de un cambio de control. – <\/p>\n\n\n\n
Por qu\u00e9 no se hizo<\/h3>\n\n\n\n
El gobierno argentino, liderado por Cristina Kirchner y Axel Kicillof, argument\u00f3 que la ley de expropiaci\u00f3n aprobada en 2012 ten\u00eda supremac\u00eda sobre el estatuto de YPF, y que no estaba obligado a realizar una OPA<\/strong>. Kicillof, en una declaraci\u00f3n p\u00fablica durante el debate legislativo, calific\u00f3 de \u201cest\u00fapido\u201d cumplir con el estatuto de YPF, ya que implicar\u00eda pagar hasta US$19.000 millones por el 100% de la empresa, un costo que el gobierno consideraba excesivo.<\/p>\n\n\n\n La falta de OPA fue el n\u00facleo de la demanda de Burford Capital, que argument\u00f3 que los accionistas minoritarios fueron perjudicados al no recibir una oferta justa por sus acciones. La jueza Preska fall\u00f3 en 2023 que Argentina incumpli\u00f3 el estatuto de YPF, condenando al pa\u00eds a pagar US$16.100 millones (m\u00e1s intereses) a Burford y Eton Park. Un detalle que genera muchas confusiones: el problema no fue la expropiaci\u00f3n en s\u00ed, sino el no haber cumplido con el requisito de hacer la OPA. <\/strong><\/p>\n\n\n\n La familia Eskenazi, due\u00f1a del Grupo Petersen, ingres\u00f3 a YPF en 2008 con el respaldo de N\u00e9stor Kirchner, quien promov\u00eda la \u201cargentinizaci\u00f3n\u201d de la petrolera. Adquirieron un 14,9% de las acciones en 2008 por US$1.018 millones (pr\u00e9stamo de bancos internacionales) y US$1.015 millones (pr\u00e9stamo de Repsol), y en 2011 compraron un 10% adicional por US$1.304 millones, alcanzando un 25% de la empresa. Estos pr\u00e9stamos se pagar\u00edan con los dividendos de YPF, sin que los Eskenazi aportaran capital propio.<\/p>\n\n\n\n Tras la expropiaci\u00f3n de 2012 y la suspensi\u00f3n de dividendos, las empresas Petersen no pudieron pagar sus deudas, lo que llev\u00f3 a su quiebra en Espa\u00f1a. El administrador concursal espa\u00f1ol subast\u00f3 los derechos de litigio de estas empresas, que fueron adquiridos por Burford Capital por 15 millones de euros en 2015. El acuerdo estipul\u00f3 que Burford se quedar\u00eda con el 70% de cualquier indemnizaci\u00f3n, mientras que el 30% restante ir\u00eda a los acreedores de las empresas Petersen, con la posibilidad de que los Eskenazi reciban un remanente si sobra dinero tras pagar las deudas.<\/p>\n\n\n\n Los Eskenazi no iniciaron la demanda ni vendieron directamente los derechos a Burford; fue la justicia espa\u00f1ola la que subast\u00f3 esos derechos. Sin embargo, hay sospechas de que podr\u00edan beneficiarse indirectamente si Burford gana el juicio, ya que el 30% de la indemnizaci\u00f3n (potencialmente US$5.100 millones) se destinar\u00eda a los acreedores de Petersen, y cualquier sobrante podr\u00eda llegar a la familia. Estas sospechas han generado controversias, con acusaciones de que los Eskenazi actuaron como testaferros de los Kirchner en la operaci\u00f3n inicial de 2008.<\/p>\n\n\n\n En 2025, la ONG Republican Action for Argentina (RAFA) present\u00f3 una moci\u00f3n ante la jueza Preska solicitando anular el fallo, alegando que la compra de acciones por parte de los Eskenazi en 2008 fue fraudulenta y parte de un esquema corrupto con los Kirchner. Aunque Preska acept\u00f3 revisar esta moci\u00f3n, expertos consideran que las posibilidades de anular el fallo son bajas, ya que el tema de los Eskenazi ya fue abordado durante el juicio sin pruebas suficientes para invalidarlo.<\/p>\n\n\n\n La jueza Preska determin\u00f3 en 2023 que Argentina deb\u00eda pagar US$16.100 millones (m\u00e1s intereses) por no realizar la OPA. El 30 de junio de 2025, orden\u00f3 la entrega del 51% de las acciones de YPF a Burford y Eton Park como parte del pago, lo que generar\u00eda la p\u00e9rdida de control estatal sobre la petrolera.<\/strong><\/p>\n\n\n\n El gobierno de Javier Milei ha anunciado que apelar\u00e1 el fallo en todas las instancias posibles, argumentando que la entrega de acciones requiere aprobaci\u00f3n del Congreso argentino. Adem\u00e1s, el Estado sostiene que el juicio deber\u00eda regirse por la ley argentina, no por el estatuto de YPF ni por la jurisdicci\u00f3n estadounidense.<\/p>\n\n\n\n El monto de la indemnizaci\u00f3n representa tres veces el valor actual de mercado de YPF (unos US$5.100 millones)<\/strong>, lo que constituye un golpe econ\u00f3mico significativo para Argentina, especialmente en un contexto de reservas internacionales bajas.<\/p>\n\n\n\n Hay denuncias, como las de la ONG RAFA y el parlamentario Rodolfo Eiben, que se\u00f1alan un \u201cnegociado\u201d entre N\u00e9stor Kirchner y los Eskenazi, sugiriendo que la entrada de Petersen en YPF fue un esquema para beneficiar a empresarios cercanos al gobierno kirchnerista. Estas acusaciones no han sido probadas judicialmente.<\/p>\n\n\n\n El fallo de Preska cita una frase de Axel Kicillof, quien en 2012 justific\u00f3 no cumplir con el estatuto de YPF, lo que debilit\u00f3 la defensa argentina. Adem\u00e1s, la decisi\u00f3n de no realizar la OPA se considera un error estrat\u00e9gico que abri\u00f3 la puerta al litigio.<\/p>\n\n\n\n Burford Capital es un fondo especializado en comprar derechos de litigio, similar a los \u201cfondos buitre\u201d que litigan por deudas soberanas. Su participaci\u00f3n en el caso YPF es vista como oportunista, aprovechando las quiebras de Petersen para demandar a Argentina.<\/p>\n\n\n\n El juicio por YPF surge de la expropiaci\u00f3n de 2012, cuando el Estado argentino no cumpli\u00f3 con el estatuto de la empresa al no realizar una OPA para los accionistas minoritarios<\/strong>, afectando al Grupo Petersen y a Eton Park. La familia Eskenazi entr\u00f3 en YPF en 2008 con el apoyo de N\u00e9stor Kirchner, adquiriendo un 25% de las acciones mediante pr\u00e9stamos que pagar\u00edan con dividendos de la petrolera. La quiebra de sus empresas en Espa\u00f1a permiti\u00f3 a Burford Capital comprar los derechos de litigio, iniciando una demanda que result\u00f3 en una condena de US$16.100 millones contra Argentina. <\/p>\n\n\n\n Aunque los Eskenazi no iniciaron el juicio, podr\u00edan beneficiarse indirectamente del fallo, lo que ha generado sospechas de corrupci\u00f3n y cr\u00edticas al manejo de la expropiaci\u00f3n por parte del gobierno kirchnerista. El caso sigue en apelaci\u00f3n, y su resoluci\u00f3n podr\u00eda tener profundas implicaciones econ\u00f3micas y pol\u00edticas para la Argentina.<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\nConsequences<\/h3>\n\n\n\n
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<\/figure>\n\n\n\nEl rol de los Eskenazi<\/h2>\n\n\n\n
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\n\n\n\nEstado actual del juicio<\/h2>\n\n\n\n
Controversies and criticisms<\/h2>\n\n\n\n
In summary<\/h2>\n\n\n\n
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